Por Jorge A. Lumbreras Castro

Durante varias décadas diferentes Estados al enfrentar conflictos bélicos con otras naciones o en su caso conflictos internos desarrollaron prácticas tendentes a lo que hoy se denomina desaparición forzada de persona, que es un delito de lesa humanidad o dicho de otra forma un delito contra la humanidad. Durante las Guerras Mundiales se cometieron graves crímenes contra la humanidad cuyo resultado se tradujo en la desaparición de las personas más allá de los caídos en el combate entre los Ejércitos, y aún prisioneros de guerra fueron desaparecidos tanto civiles como militares.  Por ello, la comunidad de naciones generó acuerdos para evitar que esas páginas se repitieran en los conflictos, en especial, contra los no combatientes, de ahí en parte el origen de los cuatro Convenios de Ginebra.

1. Convenio del 12 de agosto de 1949 se generó para aliviar la suerte que  corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña;

2. Convenio del 12 de agosto de 1949 se acordó para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar;

3. Convenio del 1 de agosto de 1949 estableció coordenadas generales para el trato debido a los prisioneros de guerra; y

4. Convenio del 12 de agosto de 1949 acordó lo relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

Estos cuatro Convenios de Ginebra expresan la tragedia social, económica, cultural y política en que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, y entrañan respuestas elementales a una crisis civilizatoria, en que millones de personas murieron sin ser parte de los Ejércitos en las ciudades, en el campo y en campos de concentración.

Posteriormente las naciones acordaron una serie de Pactos y Convenciones en materia de derecho internacional para proteger los derechos humanos de las personas ante situaciones de conflicto y en general ante cualquier situación que ponga en riesgo el ejercicio de estos derechos, son los casos de:

De hecho, la Convención del año 2006 contra las desapariciones hace referencia a algunos de estos acuerdos.

En el camino contra las desapariciones forzadas de persona, destaca la  Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, que en su considerando asentó a la letra:  “Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley,…”

Ha de decirse que esta resolución llegó con varias décadas de retraso toda vez que las naciones al seno de la bipolaridad hicieron, en varios de los casos, de la desaparición forzada de persona una práctica casi cotidiana, en especial, en los países donde se establecieron regímenes de corte militar, o regímenes autoritarios donde las barreras entre lo civil y lo militar eran por lo menos escasas. Fue la época de la Guerra Fría, de las dictaduras militares, de los residuos del fascismo, y del más grande desperdicio de recursos del que tenga memoria la humanidad.

La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del año 2006 fue el primer tratado universal que prohibió de forma clara y precisa la desaparición forzada, y se aprobó por la Cámara de Senadores de nuestro país en el 2007, y para su debida observancia y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución se promulgó el Decreto correspondiente en el año 2011.  La Convención comprende la desaparición como el secuestro o en su caso la detención de una persona cometidos por funcionarios del Estado, ocultándose el paradero y situación de la persona desaparecida. Esta Convención se articula con base en cuatro ejes.  1. Combatir la impunidad, 2. Prevención, 3.  Derechos de las víctimas 4. Aplicación.

En México se tiene noticia de desapariciones forzadas de persona, sin que a la fecha se establezca el número de casos tal como lo señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su “Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”, porque con la información dada por diferentes instancias no pueden determinarse los casos en que existe responsabilidad de agentes del Estado. El Observatorio Nacional Ciudadano en referencia al registro de la CNDH que se llama  Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF) señala que  contiene 26 mil 25 personas desaparecidas en los 32 estados del país y cuatro mil 931 personas como posibles víctimas de desaparición forzada; y el INEGI en su Encuesta de Victimización señala 538 averiguaciones iniciadas ante la PGR por posible desaparición forzada entre 2014 y 2015.

Es sustancial asentar que la responsabilidad del delito de desaparición recae en cualquier funcionario público. Los actos de un policía municipal, estatal, federal o en su caso de nuestras fuerzas armadas no hacen diferencia respecto a la responsabilidad del Estado mexicano.  Es cierto que en los casos en que se señala la participación de las fuerzas armadas se establecieron investigaciones, y que nuestro país ha asumido las resoluciones internacionales en la materia; sin embargo, la evidencia muestra que el problema en México, sin desestimar la gravedad que implica todo delito de desaparición forzada de persona, está o radica en la desaparición de personas cometida por agentes no estatales.

La problemática es mayor y muestra que la fractura, lucha, operación y movilidad de los grupos delictivos encontró en la desaparición de personas un método de actuación cuyas consecuencias son mayores para las familias y las comunidades.  En el próximo número se abordará el tema de la desaparición de personas por agentes no estatales en México.